Prioritario, impulsar los archivos y la gestión documental
José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, participó en el Seminario "Perspectivas y Retos ante la Nueva Ley General de Archivos"
En décadas recientes, los archivos perdieron el peso específico que les corresponde. Sin embargo, la evolución de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el combate contra la corrupción han conducido a revalorar los documentos generados y resguardados por las instituciones públicas, por lo que ahora constituyen una materia prioritaria, aseguró José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al participar en el Seminario "Perspectivas y Retos ante la Nueva Ley General de Archivos", convocado por el Poder Legislativo mexiquense, el Comisionado destacó que, a partir de las reformas de transparencia y protección de los datos personales, las instituciones públicas se encuentran obligadas a documentar el cumplimiento de sus facultades, competencias y funciones. De este modo, no necesitan esperar a que la normatividad estatal se armonice con la general para poner en marcha las medidas enfocadas a la implementación del modelo de gestión documental.
Luna Hernández señaló que los desafíos respecto del estado actual de los archivos persisten, ya que todavía están instalados en lugares inadecuados; asimismo, más de la mitad de los sujetos obligados carecen de sistemas automatizados de gestión documental. Es especialmente preocupante el caso de los municipios con población menor a los 70 mil habitantes, que tienen la posibilidad de asociarse para establecer archivos regionales de concentración e históricos que les permitan desempeñar sus obligaciones con oportunidad.
Además, resulta imperativo transformar la inercia de planeación y de asignación presupuestal, a fin de que los archivos cuenten con recursos humanos y materiales que contribuyan a preservarlos en óptimas condiciones, en su carácter de insumo en la garantía del derecho de acceso a la información pública.
