Políticas anticorrupción fundamentales para el desarrollo económico del país
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, participó en la Sesión Mensual de agremiados de la Coparmex Estado de México Oriente
México se ubicó en el último lugar entre los miembros de la OCDE en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, por debajo de países como Grecia y Hungría, es por esta razón que la implementación de políticas que combatan este problema es fundamental para el desarrollo del país, aseguró Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencias, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante su participación en la Sesión Mensual de agremiados de la Coparmex Estado de México Oriente, el integrante del Pleno del Infoem, destacó que la corrupción le cuesta a los mexicanos entre 5% y 10% del PIB, pues tan sólo en trámites y solicitudes de servicios públicos se perdieron 7,218 millones de pesos. Lo anterior es alarmante, porque son recursos que se dilapidan, y no llegan a áreas del interés público, ni fomentan el bienestar y el desarrollo, expuso en el panel “Política de Anticorrupción en el Estado de México y Municipios”.
Asimismo, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción es una herramienta esencial para el combate a este flagelo social, pero es necesario que se fortalezca mediante acuerdos entre la Secretaría de la Función Pública y los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Auditoría y con la Comisión Permanente de Contralores Estatales y Federales. En este sentido, precisó que las normas que regularán a los sistemas nacionales de transparencia y de anticorrupción deberán ser producto de una política pública completa para erradicar la corrupción en México, fenómeno que ha dañado la economía y ha profundizado la desigualdad, argumentó.
Martínez Cruz destacó que es necesario desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía denunciar este tipo de prácticas, ya que la innovación y las nuevas tecnologías son fundamentales para construir canales de participación, que además brinde la capacidad de detectar y denunciar a malos funcionarios, así como inhibir conductas inadecuadas en las instituciones. Sin embargo, no solamente basta con que se presenten las denuncias correspondientes, sino que la ley se aplique, de lo contrario no será posible erradicar este problema, finalizó.
